El Estallido Social de Octubre
causo un espanto profundo en la burguesía nacional, que vio peligrar el sistema
capitalista después de décadas imponiendo su voluntad. El mismo efecto tuvo en
la pequeña burguesía representada en los partidos de la ex Nueva mayoría y toda
la Derecha, ambos bloques desahuciados por el pueblo, corrieron al rescate del
sistema que les da de comer. Desde la UDI hasta el Partido Socialista,
incluyendo al Frente Amplio, dirigido por Boric cocinaron a puerta cerrada el
“Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” con la finalidad de encauzar la
protesta popular hacia la vía institucional, apagar el incendio y asegurarse
que nada se salga del régimen Democrático Burgués, amarrando el proceso
constituyente de manera de eliminar cualquier posibilidad de convocar a una
Asamblea Constituyente elegida desde la base, Asamblea con el poder de cambiar
de manera radical el país. Los mismos de siempre eligieron una Comisión Técnica
para redactar las reglas del juego, ley 21.200 que establece el
procedimiento para elaborar la Nueva Constitución, metiendo de contrabando el artículo
135 con disposiciones especiales para impedir el cambio del sistema.
“El texto de Nueva
Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de
República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias
judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes”.
La gran mayoría del pueblo que
voto por la opción Apruebo no se enteró de como se había tramado el acuerdo a sus
espaldas. Al conformarse la Convención Constitucional se aceptó las
disposiciones del artículo 135, que sentencia la inviolabilidad de los tratados
internacionales de comercio, esta condición le puso la lápida a la
nacionalización del cobre, una de las banderas históricas de la izquierda, y a
la recuperación por parte del estado de los fondos de pensiones en las que
invierten grupos económicos extranjeros, los más beneficiados por los tratados
de libre comercio.
El resultado final del trabajo
de los convencionales es un texto, que pretende consagrar una cantidad importante
de derechos para sectores históricamente marginados y una nueva forma de
ejercer el poder de manera más transversal y descentralizada. Construir un
Sistema de Seguridad Social que otorgue derechos fundamentales como salud,
educación vivienda y pensiones de manera solidaria, sin la intervención del
capital privado.
Al analizar la propuesta más
allá del tono casi épico en la redacción de la centena de artículos que la
conforman, las grietas que se abren entre líneas dejan la mayor parte del
sistema intacto. Desde el comienzo resalta el carácter progresista y rupturista
de la propuesta, pero a medida que avanzamos en la lectura se descubren las
herramientas para torcer los grandilocuentes artículos.
En cuanto a al Sistema de Seguridad
Social deja la puerta abierta para que sigan operando las AFP, que continuaran
manejando los fondos actuales, el futuro ente que administrará los fondos de
pensiones podrá capitalizar en la bolsa tal como el sistema actual, alimentando
a los grandes monopolios que usan los ahorros de los trabajadores como banca
personal.
El sistema único de salud no
presenta una línea que defina cómo se integrarán los hospitales públicos y
privados que seguirán operando como empresas con fines de lucro y si bien se
declara el fin de las ISAPRES (compañías de seguros que no prestan servicios
médicos) no impide que sigan funcionando como seguros complementarios ya que
tampoco se asegura la cobertura de todos los tratamientos.
Se consagra la educación gratuita
en todos los niveles, pero no plantea la democratización de las instituciones
educacionales, ya sea en universidades, institutos o liceos, no hay espacio
para los estudiantes y trabajadores en la toma de decisiones que los involucran,
ni se plantea el financiamiento por parte del Estado para fortalecer las
Universidades públicas y así terminar con la política del autofinanciamiento
que las obliga a regirse por las reglas del mercado.
Todos los derechos sociales
que se consagran no tienen asegurado su financiamiento en la Constitución, por ejemplo,
asignar un porcentaje del PIB o las ganancias de CODELCO, por lo que la
concreción de estos dependerá del gobierno de turno, que evaluará si la
economía nacional puede soportar el gasto social, o sea una Nueva Constitución
en la medida de lo posible.
Uno de los puntos más
importantes que no debatieron los convencionales son los referentes a las
garantías de la FFAA, no se elimina la Justicia Militar, sigue intacto el
financiamiento con las ganancias de CODELCO, continúan con un sistema
previsional preferente, que desangra al Estado. Pretende democratizar las
escuelas matrices otorgando gratuidad, pero bajo el control de las mismas FFAA
fascistas. Al parecer el fantasma de Pinochet sigue presente recordándole a los
convencionales quien manda.
Se destaca la negociación de
los sindicatos por rama de producción como contrapeso al poder de la patronal,
pero que aún está sujeto a la mantención de turnos éticos durante la huelga, debilitando
el único medio que tienen los trabajadores para defender sus derechos, pero a
cambio ofrece la opción a los sindicatos de participar en los directorios de
las empresas para incidir en las decisiones que los afectan. Las empresas que
cuentan con directorio son en su mayoría Sociedades Anónimas que representan
menos del 10% de las empresas en Chile. El 80% de las empresas nacionales son
pequeñas y medianas con menos de 200 trabajadores quedando en las mismas
condiciones que la Constitución del 80 con el Plan Laboral de Pinochet. Por
otra parte, no elimina la subcontratación, sector que no podría participar en
los directorios de empresa. Claramente en la redacción de la Nueva Constitución
no se escuchó a los trabajadores.
Si bien se consagran múltiples
derechos: a la vivienda digna, educación gratuita en todos los niveles, derecho
a la salud y pensiones justas, además de derechos a mujeres, pueblos
originarios, disidencias sexuales que aseguren el respeto y la inserción en
todos los niveles de la sociedad en iguales condiciones, estos no están
garantizados ya que no existe una herramienta jurídica eficaz que proteja y
permita exigir el cumplimiento de estos derechos fundamentales.
En la Constitución de
Pinochet, modificada por Aylwin y Lagos, existe el llamado “Habeas Corpus” o
Recurso de Amparo, una acción que tiene el fin de proteger a las personas
contra los abusos del Estado y Privados que es vista por la Corte Suprema de
Justicia. En el Proyecto de Nueva Constitución es sustituida por la Acción de Tutela.
A diferencia del Habeas Corpus, todas las Acciones de Tutela tienen que pasar
por una comisión, que verifique que no existe ninguna otra ley que resuelva el
problema, de ser así no se acogerá la Acción de Tutela, en caso favorable ira a
un Tribunal de Primera Instancia, que ve casos civiles entre privados, no
delictuales, o sea lo vería un juez sin experiencia en derecho constitucional,
un tribunal con menos fuerza, que está expuesto a las presiones políticas de
empresas y monopolios con ejércitos de abogados y parlamentarios a sueldo. Si esta
acción no se resuelve en el Juzgado de Primera Instancia va a uno de Segunda
Instancia y así hasta llegar a la Corte Suprema a una instancia administrativa
y quedar durmiendo.
Todo lo que se pudo haber
avanzado en este proyecto de Constitución quedará en letra muerta sin una
herramienta jurídica eficaz que realmente nos proteja. La Acción de Tutela como
está planteada solo favorece a los grandes monopolios los que podrán presionar
con todo su poder a tribunales sin experiencia y sin el respaldo necesario como
el que tiene la Corte Suprema.
Muchos pensarán que esta
constitución representa un gran progreso
para el pueblo, pero no toca la columna vertebral del sistema capitalista, esto
no quiere decir que se pretenda hacer la Revolución Socialista por secretaria,
pero lo que se esperaba de los convencionales autoproclamados como la verdadera
izquierda, representantes del pueblo, fuera de los fracasados partidos
políticos, era que propusieran nuevos
mecanismos y herramientas para la defensa del pueblo y los trabajadores,
fortalecer su organización y abrir camino hacia la construcción de un Gobierno
Popular Democrático en base a las organizaciones populares con democracia
directa.
El proyecto de Nueva
Constitución como producto final del proceso que sofocó el incendio del
Estallido Social es el final de una estrategia que dejará las mismas grietas por
donde se colará la Constitución de Pinochet.
Los comunistas
revolucionarios, que denunciamos la traición del “Acuerdo por la Paz” y el
plebiscito mutilado, nos declaramos fuera de cualquier proceso que no nazca de
la lucha del pueblo por una Asamblea Constituyente Soberana y Popular que
termine con la hegemonía de los grandes monopolios, la burguesía nacional y el
imperialismo, entregándole al pueblo y los trabajadores la herramienta para construir
un Chile justo libre y soberano.
DIRECCION
NACIONAL
PARTIDO
COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE CHILE
Agosto
2022
