Con el
Estallido Social de octubre de 2019, las bases de la democracia burguesa y el
sistema económico controlado por los grandes monopolios vieron peligrar la
estabilidad completa del sistema capitalista, tal vez no por una revolución,
dado el carácter espontaneo, sin dirección y por su composición de clase
eminentemente pequeña burguesa, sino por la protesta anárquica sin
interlocutores válidos con quien negociar, que paralizaron las grandes ciudades
y centros industriales: Santiago, Valparaíso y Concepción.
Este
movimiento de masas comenzó a fraguarse mucho antes de su aparición espontánea
y sorpresiva. Tiene su origen en el giro definitivo hacia el modelo neoliberal a
principios del año 2000 implementados por el gobierno de Ricardo Lagos y
Michelle Bachelet (Partido Socialista). El año 2001 hubo un cambio radical en
la política económica, el Banco Central declaró el libre flujo de capitales y
libero el tipo de cambio, dejando la economía a merced de los vaivenes del
mercado internacional y sus crisis (1999-2002, 2008-2009 y 2013 -2017) el PIB
se redujo del 7% al 4% lo que trajo una debilitación en la distribución del
ingreso del 5,5 al 3,5.
Estas
políticas neoliberales repercutieron directamente en la calidad de vida de los
trabajadores y especialmente en el acceso a la educación, salud y sistema de
pensiones, que hasta el 2020 lleva una caída de 16,49%. Como resultado
comienzan las movilizaciones ciudadanas de forma masiva, “Revolución Pingüina”
2006, protesta de los estudiantes secundarios por la educación gratuita y de
calidad, “Patagonia sin Represas” 2009, movimiento ciudadano en contra de los
proyectos hidroeléctricos, “Marcha de los Paraguas” 2011, protesta
estudiantil que continúa con las demandas por mejorar la educación, NO+AFP 2016,
movimiento ciudadano que pide el fin del sistema de pensiones de capitalización
individual por uno solidario de reparto y la movilización estudiantil feminista
2018. La convocatoria fue masiva llegando a reunir en su punto más álgido 400.000
personas en la capital, todas dirigidas por organizaciones sociales sin mayor
presencia de partidos políticos.
El
parlamento toma estas reivindicaciones con la promesa de legislar al respecto,
pero todos los proyectos de ley concernientes a satisfacer las demandas fueron
entrampados por el parlamento en su conjunto con discusiones y modificaciones
eternas, que terminaron con estos proyectos congelados. La conjunción de todos
estos factores produjo la una acumulación cuantitativa de movilizaciones,
protestas, apatía hacia los partidos políticos y creciente abstención
electoral, dando paso al salto cualitativo en el Estallido Social.
UNA
SALIDA CONCENSUADA
Frente
a la posibilidad de un descalabro económico, el gobierno empresarial de
Sebastián Piñera hace un llamado a la oposición para salvar la democracia
burguesa. Todos los partidos de oposición acuden al llamado. La Social
Democracia, Democracia Cristiana y el Frente Amplio aceptan la invitación al
dialogo con la excepción del Partido Comunista Revisionista, El 6 de diciembre,
gobierno y oposición desarrollan la fórmula para salvar el estado burgués y su
gobierno, una reforma constitucional, el “Acuerdo por la Paz y la Nueva
Constitución” que contempla un plebiscito para elegir una Convención Constituyente
que redacte la nueva carta magna que reemplace a la de 1980 realizada en plena
Dictadura de Pinochet.
El
anuncio de la realización de este plebiscito permite dar una salida a la crisis
y descomprimir la protesta, ya que el desgaste del movimiento sumado a los
enfrentamientos cada vez más violentos de sectores anarquistas y del lumpen alejan
a la pequeña burguesía, que encuentra una respuesta a sus múltiples demandas,
reforzada por las promesas de la Social Democracia que una nueva constitución
resolverá todos los problemas arrastrados por décadas.
Para
esto se elige una comisión técnica entre los partidos firmantes del acuerdo
para definir la forma como se conformará la convención y el tipo de sistema
electoral a utilizar, esta comisión la integran 14 abogados, expertos
constitucionalistas y/o cientistas políticos. Siete del gobierno y siete de la
oposición, muchos de ellos ligados a grandes grupos económicos como Arturo
Fermandois: lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos
y la Cámara Chilena de Centros Comerciales y Gastón Gómez, quien ha
representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores
de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.
LAS
REGLAS DEL JUEGO
Se
establece un quórum de 2/3, ósea que de un 100% de la Convención, un sector que
obtenga el 33% + 1 de votos le basta para negar cualquier iniciativa que vote
una mayoría, por lo que, si una mayoría votara eliminar las AFP’s, un sector
minoritario que esté en contra de esta idea podrá frenar la iniciativa.
De
acuerdo con el artículo 135 de la LEY 21.200, la actual Constitución seguirá
vigente, mientras la Convención este en funciones, la soberanía reside en las
autoridades que la Constitución establece, parlamento, tribunal constitucional,
corte suprema y el gobierno y por último la Nueva Constitución no podrá
modificar las sentencias judiciales firmadas y ejecutoriadas, así como los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con
ello, no se podrán tocar a los grandes monopolios extranjeros, aliados a los
grandes empresarios nacionales, sus inversiones en las AFP´s, salud, educación,
recursos naturales y estratégicos, etc.
De
acuerdo con el artículo 141, se escogerán tantos convencionales como diputados
se eligen en los distritos electorales (155) con el mismo sistema que rige la
elección de diputados, el coeficiente de D’Hondt, o cifra repartidora, que
beneficia a los grandes conglomerados ya que independiente de la votación de
cada miembro de la lista, se asignan cupos según los votos obtenidos por la
lista completa, dándose la paradoja que candidatos con un 1,5% de los votos
salgan elegidos frente a un pacto mas pequeño o un independiente con más votos.
También se asignaron cupos exclusivos para los pueblos originarios y la paridad
de género con el objeto de dar una señal de inclusión que distrajera la
atención del carácter excluyente del sistema electoral.
La ley
N° 21.200 blindo el acuerdo, promulgada Piñera el 23 de diciembre de 2019, al
modificar el capítulo XV de la Constitución vigente y desarrollar un cuerpo de
reglas para llevar a cabo el proceso constituyente denominado: “Del
procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República”. Esto
significa que los delegados constituyentes no podrán discutir y aprobar un
reglamento de funcionamiento propio.
Tomando
todo lo anterior es obvio que esta Convención Constituyente dista mucho de ser
una Asamblea Constitucional con todas sus atribuciones, en que la asamblea pasa
a ser el órgano superior de gobierno hasta que se elija el nuevo tipo de
estado, nación y economía que elija el pueblo soberano y se convoque a nuevas
elecciones bajo los nuevos términos, así como la de los poderes del estado
LA
IZQUIERDA
Una
vez aceptada la Convención en el plebiscito de octubre del 2020 por la mayoría
del país, el Partido Comunista Revisionista se ve en la obligación de
participar de las elecciones a fuerza de quedar fuera de los pactos electorales
de la oposición y perder terreno con el Frente Amplio. Llama a los partidos de
la izquierda extraparlamentaria a sumarse a su lista APRUEBO DIGNIDAD con el
fin de obtener todos los votos necesarios para no perder su representación. Es
así como los partidos que renegaban del proceso constituyente y llamaban a
conformar asambleas territoriales como alternativa popular al sistema, cambian
de opinión y marchan tras el revisionismo.
Aun
cuando el PC revisionista abre cupos para independientes, no todas las
corrientes de izquierda aceptan participar de esta oferta, así como muchos
dirigentes sociales que no se sienten interpretados por los partidos políticos
tradicionales.
El
peligro que estos grupos desestabilicen las elecciones promoviendo la abstención
o boicotearla, lleva al gobierno y oposición a promulgar una ley que facilite
la inscripción de candidaturas independientes, requiriendo solo 300 firmas o
patrocinios y no el 0,5% de los votos emitidos por distrito en la última
elección de diputados, los cuales se inscribirán de forma electrónica en el
Servicio Electoral sin necesidad de validarlas ante notario con el costo
económico que implica, de esta forma toda la sociedad queda involucrada
aumentando la legitimidad del proceso.
En
promedio, participarán 42 candidatos independientes por distrito, en un total
de 79 listas, generando una dispersión que solo perjudica a la izquierda. La
derecha logro ordenar sus filas e incorporar a la ultraderecha pinochetista,
mientras que la socialdemocracia va dividida, dejándole la ventaja.
Los
tres grandes grupos representados en la convención serán: la Derecha con un
43%, seguida por la Social Democracia y Democracia Cristiana con el 31,6% y el
Partido Comunista más sus aliados con el 19,6%, los independientes no pasarían
del 1,2%. Ninguno de los grandes bloques alcanzara los 2/3 por lo que las
negociaciones entre la derecha y los sectores mas conservadores de la
Democracia Cristiana determinaran la agenda de una convención amarrada de pies
y manos.
Cabe
preguntarse el objeto de la participación de la izquierda en estas elecciones,
una construcción de la derecha con la socialdemocracia que busca mantener todo
en su lugar, usando las herramientas del estado burgués y generar la sensación
de cambio en el pueblo y los trabajadores hasta el próximo estallido.
Es
clara la falta de perspectiva revolucionaria de la izquierda chilena, que una
vez más deja de lado el discurso combativo para correr a las urnas, aun
sabiendo el resultado, no pierden la esperanza de conseguir algún día la
tribuna desde donde harán el llamado al pueblo a sublevarse.
Mientras
tanto la tarea de los marxistas – leninistas chilenos es seguir construyendo el
partido de vanguardia en cada sindicato, fabrica y empresa, organizando los
sindicatos de clase con vocación de poder, un movimiento sindical fuerte que
permita hacer frente a los grandes monopolios, un movimiento poblacional de
carácter combativo que luche por la vivienda la educación, la salud y el buen
vivir, organizando a la juventud revolucionaria. En definitiva, un movimiento dirigido
por los marxistas – leninistas en un frente con todos los partidos y
organizaciones que impulsen un Gobierno Popular como primera etapa para la
organización de los trabajadores y el poder popular para dar el paso a la
insurrección de las masas hacia la Revolución Democrático Popular camino al
Socialismo.
PARTIDO
COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE CHILE
ABRIL
2021.
